Ciudad de México.- Stephanie Palacios. El pasado 5 de abril de 2025, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió un establecimiento de baños públicos en la Plaza San Rafael, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, tras confirmar la presencia de cámaras de videovigilancia al interior de los sanitarios.
La acción, reportada por el propio INVEA en su cuenta oficial de "X" (@inveacdmx), se llevó a cabo luego de una denuncia que expuso esta grave violación a la privacidad, un delito que no solo indigna, sino que pone en riesgo la seguridad de las mujeres que utilizan estos espacios.
Todo comenzó el 3 de abril, cuando publiqué en mi cuenta de X (@novalick) una alerta sobre estas cámaras ocultas, exigiendo a las autoridades, incluida la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv), que clausuraran el lugar.
Mi denuncia, acompañada de una imagen que evidenciaba el equipo de monitoreo, resonó entre miles de usuarios, pero también desató una violenta represalia.
El 4 de abril, mientras documentábamos la situación en el sitio junto a mi compañero, fui agredida por un grupo de aproximadamente 20 personas. Nos golpearon, amenazaron de muerte y destruyeron mi celular, dejándome incomunicada en un acto que califiqué como un intento de "secuestro" en un video posterior.
Este ataque, documentado por medios como Publimetro y 24 Horas, evidencia la intolerancia a la labor periodística y el descontrol en la zona de la alcaldía.
La suspensión del establecimiento por parte del INVEA no solo confirmó mis señalamientos, sino que reveló otra irregularidad: el lugar operaba sin los permisos necesarios, según el boletín oficial del instituto. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido tibia. La alcaldesa Rojo de la Vega se limitó a sugerir que presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, sin asumir responsabilidad directa ni anunciar medidas concretas desde la alcaldía. Este incidente, ocurrido a pocos días del reporte del INVEA, expone la vulnerabilidad de las mujeres y la falta de acción inmediata para garantizar su seguridad en una demarcación conocida por su alta incidencia delictiva.
Los delitos implicados aquí son claros y graves. La instalación de cámaras en un espacio privado como los baños constituye una violación a la intimidad, tipificada en el artículo 194 del Código Penal de la CDMX, que castiga el uso indebido de dispositivos de grabación con hasta 6 años de prisión. Además, las agresiones físicas y amenazas contra mí y mi compañero podrían configurar delitos como lesiones, amenazas y privación ilegal de la libertad, según los artículos 130, 282 y 261 del mismo código.
Como periodista y mujer, exijo justicia y medidas urgentes: la clausura definitiva del lugar, la detención de los agresores y una investigación exhaustiva sobre quién instaló esas cámaras y con qué fin.
No descansaré hasta que se esclarezcan los hechos y se garantice que ningún espacio público vuelva a ser un peligro para las mujeres de esta ciudad.
