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| Foto: INVEA (@inveacdmx) |
CDMX.- Por Redacción.- En pleno corazón de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el derecho a la privacidad fue violado de forma descarada. Hoy el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) clausuró un establecimiento de baños públicos en la colonia San Rafael, luego de confirmarse que dentro de los sanitarios había cámaras de videovigilancia, una práctica no sólo ilegal, sino profundamente violenta contra la intimidad, especialmente de las mujeres.
La denuncia no vino de una autoridad, sino de una ciudadana. La periodista Stephanie Palacios utilizó sus redes sociales para exhibir lo que encontró dentro de los baños ubicados en la Plaza San Rafael: cámaras grabando directamente al interior de los cubículos femeninos.
#Denuncia Una cámara adentro de los baños de mujeres en San Cosme en alcaldía @AlcCuauhtemocMx un peligro para las #Mujeres. Urgente tomen medidas y que clausuren este lugar de “baños” que muchos no se dan cuenta. Es una violación a la privacidad @AlessandraRdlv si nos pueden… pic.twitter.com/kC5Nl8a9QX
— Stephanie Palacios (@novalick) April 3, 2025
Lo que vino después fue aún más indignante: al percatarse de que los grababa, los encargados del sitio la golpearon y le destruyeron el celular. Pese a su solicitud de ayuda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los agresores no fueron detenidos. Incluso, la misma alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió fotos de otros baños, asegurando que eran los mismos, en un intento por desmentir a la periodista.
La reacción institucional llegó tarde, pero llegó. El INVEA confirmó que el local operaba sin permisos y, peor aún, que tenía cámaras al interior de los baños, lo que motivó la colocación de sellos de suspensión. Las imágenes compartidas en redes muestran la entrada clausurada con los torniquetes bloqueados, pero sin un sólo detenido por violación a la intimidad, agresión física y daño a la propiedad.
Este hecho no es menor. Revela un patrón preocupante de normalización de la vigilancia y violencia hacia las mujeres en espacios públicos. También evidencia la fragilidad del Estado de derecho cuando quienes denuncian son atacadas sin consecuencias para los agresores.
En tiempos donde se discute con urgencia la seguridad de las mujeres en todos los entornos —de casa, calle, escuela y trabajo—, este caso pone el foco en un punto que suele pasar desapercibido: los baños públicos. Espacios que deberían ser seguros y anónimos, pero que en manos equivocadas se convierten en escenarios de abuso sistemático.
¿Qué tan común es esta práctica? ¿Cuántos otros baños en la ciudad operan igual? ¿Cuántas mujeres han sido grabadas sin saberlo? Hoy, más que respuestas, lo que urge es acción. Y sobre todo, justicia. Porque la suspensión del lugar no basta. Las mujeres no necesitan sellos, necesitan garantías.